Reseña:

A partir del año 2012, con la imposición de las llamadas "reformas estruc-turales", México ha vivido un periodo de transformación jurídica profundo, sin precedente desde el Constituyente de 1917. El propio Estado mexicano reconoce que, aún sin concluir el conjunto de la agenda de transformaciones constitucionales, se han modificado las normas jurídicas en once grandes áreas que incluyen materias fundamentales como la laboral, la energética, la educativa, las telecomunicaciones, el régimen fiscal y la justicia penal, entre otras. Quedan aún pendientes aspectos cruciales como la reforma del sistema de salud, la del sistema de pensiones y la de seguridad interior. En el caso de esta última, implicaría una modificación de gran calado de la inserción de las Fuerzas Armadas en la vida de la república mediante la militarización del ejercicio del poder. Los cambios jurídicos introducidos durante la segunda década del siglo XXI guardan continuidad con otras grandes reformas al marco Constitucional de 1917 que se llevaron a cabo en sexenios anteriores, pero durante el régimen neoliberal que domina el escenario nacional desde 1982 nunca se habían condensado en tan poco tiempo modificaciones tan extensas y profundas de las normas constitutivas del Estado, y con un impacto tan devastador en la vida de la población y en los derechos sobre la riqueza acumulada desde el siglo XIX por la nación mexicana. El positivismo jurídico no puede dar cuenta de esta metamorfosis de la configuración del Estado mexicano, en primer lugar, porque su formalismo jurídico le impide identificar el nuevo poder constituyente conformado por los poderes fácticos que han operado para imponer este conjunto de transformaciones jurídicas. Es por ello que requerimos de la fenomenología jurídica para abordar el estudio de las reformas estructurales como un todo y criticar de raíz el fetichismo del Estado remanente en México y su consecuente alienación frente a los genuinos sujetos de derecho de la nación mexicana: la naturaleza y su gente.