Reseña:

Cuando los gobiernos se muestran ineficaces, regularmente se responsabiliza a los procesos externos, a las crisis económicas, a las desventajas comerciales o a los conflictos armados. Los problemas internos son ubicados en la falta de disposición o en la irresponsabilidad de los partidos políticos representados en el Congreso, para aprobar las reformas estatales o constitucionales, en las cuales se deposita el desarrollo del país. La persistencia de coaliciones es el principal elemento de legitimación o deslegitimación del gobierno. ¿Cómo conjuntar la acción gubernamental (acción individual) y la acción integradora (democrática) en la administración pública, para encontrar fuentes de legitimación política y administrativa para el gobierno? El texto sugiere que los problemas de esclerosis que enfrentan los gobiernos y la fragilidad de la democracia tienen su origen en la llamada crisis de gobernabilidad, desde el momento en que las organizaciones públicas dejan de dar respuesta eficiente y de procesar las demandas que la sociedad le hace al Estado. También aborda las ideas desde la perspectiva de la gobernanza, donde se privilegia la relación de las estructuras, instituciones y procesos. Los cambios institucionales son producto de un cambio en los actores, en la socialización y en la propia cultura, es decir, en el ambiente, en la cultura y en los valores, respectivamente. Cuando las normas, reglas, productos y valores de las acciones del gobierno no tienen una fuente legal o institucional clara, la legitimidad institucional de éstos queda a expensas de la eficiencia política y administrativa, toda vez que la racionalidad y legitimidad no se fundan en cir-cunstancias instituyentes, sino instituidas e impuestas por las organizaciones cambiantes. La eficiencia institucional y la gobernanza, como formas de acción pública en ciertos contextos, han demostrado coherencia, flexibilidad y autonomía. Mientras que en nuestra administración pública predomine la incertidumbre institucional y el formalismo de las leyes no podrán considerarse a las decisiones políticas como verdaderas orientaciones del desarrollo económico y político de la sociedad.